Retrasan la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad.

Otra vez las políticas de austeridad implementadas por los sucesivos gobiernos impiden una verdadera corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de atención a las criaturas desde el mismo momento de su nacimiento, adopción y acogimiento, a pesar de haber transcurrido 9 años desde la promulgación de la Ley de Igualdad, uno de cuyos principales fines era garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral en términos de igualdad y avanzar hacía la verdadera corresponsabilidad, como una de las vías principales para conseguir la plena igualdad y participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el ámbito laboral.

En 2014 se tramitaron 31.435 excedencias por cuidado de hijos, de las cuales el 94% fueron tomadas por mujeres. En lo que va de 2015 los datos no mejoran sustancialmente, ya que el 92% de las mismas son tomadas por mujeres, lo que refleja que siguen siendo éstas las que asumen, casi en exclusiva, la responsabilidad del cuidado de los menores, sobre todo en sus primeros años de vida, máxime cuando sigue ausente la dotación de recursos en educación de 0-3 años.

Las prestaciones por paternidad en el primer trimestre de 2015 ascienden a 60.868 procesos, que suponen 50,2 millones de euros, mientras que durante el año 2014 se solicitaron 236.714 procesos por un importe de 202,3 millones de euros (1), que suponen el 2,06% del total de los subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones de la seguridad social que recogen los PGE 2014 en el programa 221M (2).

Desde CCOO estimamos que el coste anual del permiso de paternidad no es excusa para no proceder a su ampliación, máxime cuando en los PGE para el año 2016 se incrementa la partida en un 5% para cubrir las contingencias de las prestaciones por maternidad y paternidad.

En opinión de Ana Herranz, secretaria confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, “estos no son los presupuestos que van a impulsar la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral. Es preciso un compromiso real y efectivo por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, en las tareas de atención y cuidado de menores y personas dependientes”. “Se impone “de facto” la expulsión y la precariedad en el mercado laboral, acudir a la reducción de jornada o a excedencias para poder compaginar la vida familiar y laboral, con el perjuicio del incremento de la brecha salarial en lo mediato y la reducción de sus pensiones futuras”, destaca.

Desde 2011 el gobierno del PP ha recortado un 37% el programa 232B destinado a promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y un 17% el programa 232C dedicado a actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, desvelando las intenciones que sobre los derechos de las mujeres tiene el gobierno de Mariano Rajoy y de las que ha dado sobradas muestras con un claro retroceso en políticas de igualdad, como el cierre de centros de atención a víctimas de violencia de género, intento de penalizar el derecho al aborto, la exclusión de lesbianas y mujeres solas de la reproducción asistida en la sanidad pública….

El retroceso ideológico, educativo, el incremento de la desprotección social, el mayor desempleo, la feminización de la pobreza, la insuficiente prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de violencia, son factores de riesgo que favorecen el incremento de la violencia estructural contra las mujeres.

Por ello, CCOO denuncia el fracaso de las políticas públicas en la lucha contra la prevención de la violencia de género, demandando más recursos para poder hacer frente de manera integral y efectiva a la forma más brutal de discriminación como es la violencia contra las mujeres.

Asimismo, CCOO pone de manifiesto que se trata de los PGE2016 son unos presupuestos que no contemplan la creación de empleo de calidad para las mujeres, ni garantizan el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

CCOO defiende una política presupuestaria distinta con un sistema fiscal dedicado a conseguir, de manera justa, los recursos necesarios para financiar políticas que impulsen al máximo el crecimiento y la creación de empleo de calidad, y que reparta las cargas de la crisis, atendiendo a las personas en peor situación, especialmente a las mujeres que han sido las grandes damnificadas de la crisis en términos de empleo y de acceso a servicios públicos de calidad.

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